El senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció conocer al empresario naviero Juan Pablo Vega Arriaga, cuya compañía fue investigada por presuntas operaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles. La declaración surge tras una investigación de Latinus que reveló que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgó un crédito de 21 millones de dólares a la empresa dirigida por Vega Arriaga.
El reportaje señala que la firma del empresario fue objeto de indagatorias federales entre 2019 y 2020, por posibles irregularidades en el manejo y traslado de hidrocarburos. Aunque el caso no derivó en sanciones, las autoridades mantuvieron a la empresa bajo observación por presuntos vínculos con operaciones de “huachicol fiscal”, relacionadas con facturación y comercialización ilícita de combustibles.
Bancomext justificó el financiamiento como parte de su política para fortalecer el sector energético y apoyar la reactivación económica, pero especialistas cuestionaron los mecanismos de control aplicados en la evaluación del crédito. El hecho de que la empresa tuviera antecedentes de investigación generó dudas sobre la debida diligencia en la aprobación de los recursos.
Adán Augusto López afirmó que su relación con Vega Arriaga fue “meramente institucional” y rechazó haber intervenido en los procesos de financiamiento. Subrayó que el banco de desarrollo opera de manera autónoma y bajo criterios técnicos. Sin embargo, su reconocimiento de conocer al empresario alimentó críticas sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y compañías beneficiadas por recursos federales.
El caso reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en los créditos otorgados por instituciones gubernamentales. Legisladores de oposición han pedido una auditoría integral a los préstamos concedidos por Bancomext en el sector energético, al considerar que algunos podrían haber favorecido a empresas con historial de investigaciones.
Mientras tanto, Latinus mantiene abierta la línea de investigación sobre la relación entre el financiamiento público y los grupos empresariales cercanos a figuras políticas. El caso podría tener implicaciones políticas mayores si se comprueba algún conflicto de interés o participación indebida en los procesos de aprobación de crédito.