Han pasado más de diez años desde el colapso de Grupo GEO, el que fuera uno de los gigantes del desarrollo de vivienda en México. Sin embargo, una década después, los estragos económicos y legales siguen abiertos; y la prometida justicia para acreedores, inversionistas y proveedores afectados parece más lejana que nunca.
El caso que involucra a Sólida Banorte, filial del Grupo Financiero Banorte, es hoy un retrato fiel de la inacción institucional, pues a pesar de las denuncias, de documentos presentados y de las pruebas que señalan irregularidades en el manejo fiduciario, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se ha mantenido inmóvil, sin lograr una resolución.
Los expedientes permanecen en los archivos, mientras los acreedores siguen esperando respuestas. Pese a los juicios mercantiles y demandas penales contra directivos o intermediarios involucrados en los incumplimientos fiduciarios, la Fiscalía no ha logrado concretar ninguna acusación formal contra ejecutivos, directivos o intermediarios involucrados en el desvío.
En cuanto a Sólida Banorte merece una revisión exhaustiva, como fiduciaria su responsabilidad era garantizar que los recursos y derechos de los acreedores fueran respetados, pero los indicios de omisiones deliberadas y maniobras encubridoras sugieren que la prioridad fue resguardar intereses corporativos, no cumplir los contratos ni proteger a los legítimos afectados.
Este caso pone en duda la credibilidad del sistema financiero y judicial. Cada día que pasa sin avances, sin transparencia y sin responsables, se envía un mensaje devastador: en México, los delitos financieros pueden quedar impunes si detrás de ellos hay nombres influyentes.
El silencio de la Fiscalía agravia a los acreedores, debilita la confianza pública y consolida una cultura donde la impunidad no solo es posible, sino predecible.
La impunidad que no caduca: el caso Grupo GEO–Sólida Banorte y el silencio de la Fiscalía
