La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo una audiencia pública histórica para que personas con discapacidad puedan expresar su opinión sobre el derecho a la consulta en procesos legales y decisiones públicas que les afectan directamente. Esta iniciativa busca garantizar la inclusión y la participación activa de un sector de la población tradicionalmente marginado en la toma de decisiones judiciales.
Durante la audiencia, representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derechos humanos y personas con discapacidad compartieron experiencias sobre la falta de acceso a información, barreras físicas y dificultades en la comunicación dentro del sistema judicial. Los participantes enfatizaron la importancia de que la SCJN considere sus aportes para fortalecer la protección de sus derechos y asegurar que las políticas públicas sean realmente inclusivas.
La propuesta de Lenia Batres surge ante la preocupante situación que, desde 2016, ha llevado a declarar como inconstitucionales 50 leyes estatales y federales por no haber consultado adecuadamente a las personas con discapacidad. Este antecedente evidencia la necesidad de implementar mecanismos efectivos de participación para evitar que futuras leyes sean impugnadas y garantizar que los derechos de este sector sean respetados.
La audiencia forma parte del Proyecto de Derecho a la Consulta, impulsado por la Corte para analizar cómo se pueden establecer canales de participación efectivos, asegurando que todas las personas puedan opinar sobre decisiones que impactan sus vidas. La iniciativa también responde a recomendaciones internacionales de la ONU y al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Expertos legales destacan que la inclusión de la voz de las personas con discapacidad es un paso crucial para la justicia participativa, permitiendo que las decisiones judiciales no solo se basen en criterios técnicos, sino también en la experiencia y necesidades reales de quienes se verán afectados.
La Suprema Corte señaló que los resultados de esta audiencia se utilizarán para mejorar la legislación y los procesos judiciales, promoviendo un marco más equitativo y accesible. Se espera que en los próximos meses se integren recomendaciones concretas, fortaleciendo la protección de los derechos de las personas con discapacidad en México.